La ley de la ciencia no es ajena a la lucha de clases

El pasado 15 de abril la comunidad científica de España salió a la calle para protestar contra la reforma de la Ley de la Ciencia (14/2011) que pretende hacer el ministerio de Ciencia e Innovación. Las protestas han sido convocadas y canalizadas a través de Marea Roja, coordinadora que integra a sindicatos y distintas asociaciones y organizaciones que operan en el sistema científico público español.

Las reivindicaciones se centran, entre otras cuestiones, en criticar que el Anteproyecto de Ley (APL) precariza aún más a los trabajadores científicos en formación. Proponiendo la creación de un contrato de inspiración anglosajona, llamado “Tenure Track”, que sustituye la figura funcionaria del Científico Titular de los OPIS (Organismos Públicos de Investigación). Este cambio supone sustituir empleo estable por otra figura más precaria donde exista posibilidad de despido y con retribuciones mucho menores, eliminando la posibilidad de cobrar complementos salariales, es decir, una nueva apuesta por la reducción de los derechos de los trabajadores de empleo público. Este tipo de contrato entraría en contradicción con la figura del Contratado Doctor en Universidades que en la actualidad es un contrato indefinido.

La redacción de la nueva ley no deja títere con cabeza ya que, de nuevo, ignora los intereses del conjunto de trabajadores que hacen posible la ciencia en este país, para minimizar coste público y retribuirlo al sector privado. No desarrolla la carrera del personal técnico y de gestión, no actualiza las tablas salariales del personal predoctoral, ni contempla la posibilidad de indemnización por despido. Imposibilita la promoción de los funcionarios titulados superiores y directamente ignora a todo el personal que hace ciencia en centros sanitarios. No solo no resuelve los problemas existentes en los centros de trabajo del personal científico, sino que agrava la situación dado que no contempla la renovación de las plantillas ni establece un compromiso para dotar al sistema de los recursos financieros necesarios que lo haga sostenible en el tiempo, sin depender de los vaivenes políticos y los ciclos económicos del capitalismo. Es importante incidir en que la tasa de temporalidad del personal de OPIS y Universidades supera el 40% siendo en sanidad del 80%.

Así, en materia de transferencia al sector privado, el APL pone en bandeja a las empresas privadas recursos públicos eliminando el régimen de incompatibilidades del personal científico funcionario.

Cabe recordar que el gasto en I+D+i en España retrocedió del 1,35% del PIB en 2010 al 1,24% en 2019, . Se calcula que el Estado español ha perdido entre 20.000 y 30.000 científicos en los últimos años. Cifras que suponen un auténtico drama nacional ya que estos se han visto obligados a emigrar o abandonar sus carreras.

Todos estos datos los extraemos de los continuos informes que hace el sindicato CCOO denunciando la situación del sector. (https://sae.fsc.ccoo.es/noticia:525811–La_realidad_detras_del_espejismo_de_la_inversion_en_investigacion)

Estos días parte de la comunidad científica y la opinión pública se pregunta cómo es posible que un gobierno progresista ataque al personal que hace ciencia, justo en un momento en el que se evidencia la necesidad y la importancia que tiene la investigación para dar soluciones a problemas que afectan a toda la sociedad, como es el caso de la pandemia sanitaria. 

Nunca antes la Investigación Pública tuvo el foco social que tiene ahora, por lo que no se entiende este ataque frontal por un gobierno que dice ser de izquierda y con sus actos solo demuestra la falsa lucha por el progreso de la socialdemocracia,  que a la hora de la verdad defiende los intereses de la empresa privada burguesa frente a la propiedad social que necesita la clase obrera.

En nuestra opinión, esta situación solo se explica desde la lógica burguesa. El gobierno está dirigido en base a los intereses económicos capitalistas del máximo beneficio económico y la competencia mercantil, basten como ejemplos los secretarios generales de investigación y universidades. Ambos con una larga trayectoria profesional que avalan esta afirmación.

Entendemos que el problema no se resuelve cambiando ministros y altos cargos por un perfil más progresista. Posiblemente tendríamos leyes y normativas mejores, pero no iríamos a la raíz del problema, ya que el sistema siempre va a bascular en detrimento de los intereses comunes y va a estar manipulado por la minoría burguesa. 

La Ciencia y el Conocimiento no se pueden aislar de la cuestión social de la lucha de clases y en una sociedad capitalista, estas no van a dejar de estar supeditadas a los intereses económicos de un puñado de explotadores, en el mismo sentido garantiza dicho modelo el estado, que no deja de ser el órgano de dominación de  la clase en el poder, por lo tanto, la simple consigna de ciencia pública va a seguir expuesta a los problemas que describimos, por lo tanto, la defensa de la ciencia y el conocimiento están íntimamente ligadas a la revolución social. Esto solo será posible en primer término con la organización de la capa más consciente de los trabajadores en el partido político de la clase obrera que sirva de guía para organizar y elevar la  concienciación de la clase trabajadora de que una soberanía científica y técnica pasa por tener el control de ésta en la construcción del Estado socialista, donde el control de los laboratorios, farmacéuticas y demás centros de trabajo sea de la clase obrera. Mientras la ciencia siga atrapada en las manos de la burguesía, y de sus intereses como clase, no podrá desarrollar todas las potencialidades que tiene, ni avanzar en pos de innovar y mejorar la calidad y dignidad de la vida de las personas mediante el desarrollo y el perfeccionamiento ininterrumpidos de la producción socializada sobre la base de la técnica más elevada.

¡Por la organización sindical y política de los y las trabajadoras de la Ciencia como clase obrera, que es la única manera de aspirar a poner la Ciencia al servicio del pueblo trabajador, lo cual requiere un cambio revolucionario del sistema económico!

¡Por una nueva ley de la Ciencia que mejore las condiciones laborales de los trabajadores del sector y aumente progresivamente el peso del sector público!