Sobre la nueva ley educativa, LOMLOE

Al aprobarse la nueva ley educativa los sectores más reaccionarios de la población comenzaron, casualmente impulsados por asociaciones católicas y del ámbito privado, numerosas manifestaciones en contra de la denominada Ley Celaá que quedará a mitad de camino de las promesas de la derogación de la LOMCE que impulsó el ministro Wert hace ya casi 8 años. Esta nueva ley, aunque quiere ser un paso hacia delante es un simple lavado de cara. Sin embargo, las críticas duras se las ha llevado desde el sector en defensa de la máxima privatización posible, es decir, bajo el interés de la burguesía más reaccionaria que se lucra de la manera más descarada de la educación (la izquierda burguesa también lo hace pero de una manera más sibilina, es decir, el modelo de conciertos sigue plenamente vigente, sin olvidar el carácter de clase de la propia educación burguesa, en su nivel “público” y privado). Y es que las élites económicas llevan años defendiendo, contra la mayoría social, una disminución del gasto público en educación, la privatización y la mejor adecuación de todo el sistema educativo a la formación de la mano de obra que necesitan. Cualquier avance hacia un tipo de educación un poco alejada de estas dinámicas, implica una disminución de beneficio en sus ganancias, a lo que no están dispuestos a pasar bajo ningún concepto, evidenciando más que nunca que el campo de la educación  es una cuestión de lucha de clases.

¿Qué plantea realmente la ley y cuáles son los avances que nos interesan como clase obrera frente a estas críticas tergiversadas?

Una de las medidas que ha hecho que salten los comentarios más provocadores son en torno a la cuestión de la lengua vehicular. El castellano ya no es lengua oficial a nivel estatal, lo que ofrece mayor libertad a nivel administrativo y, por supuesto, educativo en torno a las lenguas anteriormente denominadas cooficiales.  La medida del paso del castellano de lengua oficial a cooficial ha sido carne de cañón para la alteración de las capas más reaccionarias que han vuelto a dirigir sus comentarios hacia un gobierno “socialcomunista” que pretende eliminar el español. Adjetivo que UP enarbola con orgullo evidenciando su revisionismo más degenerante, cayendo en la burda propaganda de los fascistas. En realidad toda la indignación del lado conservador no responde a ningún supuesto avance de la ley ni siquiera para los sectores independentistas, mucho menos para las posiciones de defensa de la autodeterminación.

La segunda cuestión más relevante es la del lugar que ocupa la concertada ahora. Mientras que, de nuevo, la población derechista se lleva las manos a la cabeza ante una supuesta purga de la concertada. La realidad que plantea la ley es terriblemente laxa con respecto a la misma. Dos medidas son las que actúan directamente en detrimento de este tipo de centros: primero, la eliminación de posibilidad a optar a suelo público, pero sin aumentar la financiación de la escuela pública; y segundo, el fin de las cuotas en los centros concertados, lo que supuestamente ofrece a todo tipo de familias la gratuidad de forma garantizada. No debemos olvidar que la concertada sigue siendo un tipo de educación privada y que ambas medidas no acaban con la concertada, siendo de hecho la segunda, un falso avance, ya que la ley que establecía la gratuidad de la enseñanza obligatoria ya existía, el problema aquí es el carácter de clase burgués del Estado español que permite lo contrario en su propio interés. Además no actúa a favor de la escuela pública, sino de hacer equivalentes la concertada y la pública, y; junto con muchas medidas de escolarización de las comunidades autónomas como el vigente decreto de escolarización que la Junta de Andalucía impuso este curso, aventaja a la escuela concertada incluso más, ya que las legitima como otra opción bajo la libre elección de los padres. Fomentando sus centros ante los públicos que serán peor valorados y financiados.

Toda la ley está enfocada así bajo una óptica “progresista”, es decir, existen numerosos puntos que suponen algunos ligeros progresos pero ni siquiera profundos dentro del orden burgués, obviamente. . La religión, por ejemplo, no ponderará para selectividad o becas y no tendrá alternativa como asignatura, es decir, se le han relegado ciertos privilegios que hacían de la religión una opción valiosa para muchos alumnos y alumnas, aunque fueran no creyentes. Esta medida y todas las relacionadas con el avance en igualdad de género o en educación ecológica, feminista, etc. No son más que reformas  dentro del sistema actual, que ni de cerca llegan a señalar la raíz capitalista del origen de los problemas, además muchos contenidos ya de por sí light dependen en la gran mayoría de casos de las autonomías y, en el caso de la religión de las relaciones del Vaticano y el Estado español. Es decir, no se puede garantizar que los conocimientos curriculares y extracurriculares se impartan en los colegios e institutos si partidos como VOX, C’s y PP se blindan con herramientas como el PIN parental, del cual sigue pendiente su derogación en la Región de Murcia. En la cuestión de la renovación tecnológica también tenemos numerosas trampas, ya que obviamente se sigue fomentando un modelo capitalista  de educación, es decir, mercantilista, competitivo y a fin de ajustarse completamente a los intereses de formación de mano de obra que necesita la burguesía. La digitalización se pone como punto central reiteradas veces, ya que, gracias a la crisis del coronavirus el gobierno se ha dado cuenta de la necesidad de educar mediante el uso de las nuevas herramientas y se demuestra la eficiencia de estas herramientas a nuestra disposición. Para nosotros esto significa una engañifa más, ya que ni una sola vez se menciona la brecha digital, ni tampoco el sistema capitalista que la genera, e incluso se niega que esta etapa esté siendo en detrimento de nuestra calidad de enseñanza y aprendizaje. Esta nueva apuesta por la digitalización supone casi un dejavù para toda aquella persona que haya vivido la iniciación de las tablets y pizarras inteligentes en las aulas, cosa que supondría también en teoría una revolución educativa, en la práctica ya vemos cómo ha funcionado. Probablemente estas campañas supondrán un paso adelante en intentar recortar nuevamente en plantilla y reformar el currículo sobrecargando a los docentes. 

Por otra parte, existe también una serie de reformas que flexibilizan la promoción como forma de parche para que los alumnos pasen de curso y reducir la alta tasa que hay de fracaso o abandono escolar. Esto supone que un 25% de personas no obtengan el título de la ESO y que el 17% de los alumnos con posibilidad académica de seguir estudiando solo estudien hasta esta etapa obligatoria. Desde nuestro análisis es imposible no ver estas cifras bajo la realidad material que sufren muchas familias de la clase obrera, todos esos porcentajes corresponden a familias de renta baja que evidentemente, no pueden ofrecerle a sus hijos la posibilidad de continuar estudiando porque necesitan que sus hijos trabajen o bien porque no pueden permitirse pagar los gastos de los estudios postobligatorios. Esta medida “parche” no servirán más que para reducir mínimamente el número de repetidores, ya que es el propio sistema el que indica cuánta necesidad de mano de obra no especializada requiere, y en un Estado en el que sus principales beneficios vienen del sector turismo y de la agricultura, la realidad es que no es necesario que la clase obrera se forme demasiado académicamente.

Lo que está claro es que la Ley Celaá no se plantea desarrollar una educación destinada a las clases trabajadoras de calidad desde el momento en que sabemos el carácter de clase capitalista del PSOE y de UP, desde ese punto podemos entender porqué no aborda la necesaria financiación de la escuela pública. 

En definitiva, esta nueva ley plantea dar un paso adelante para derogar la ley LOMCE, pero cuando nos paramos a observar bien, apenas presentan cambios y se queda muy corta en cuanto a los avances que se habían prometido desde el sector más izquierdista como es UP. En realidad no podemos perder de vista que, pese a la apariencia de avances de la ley (engrandecidos por la fingida irritación de la reacción), nos encontramos con una ley menos ambiciosa de los que fue la LOE, lo que al menos nos muestra dos cosas: a) que el gobierno “más progresista de la democracia española” es una farsa, b) que en una economía capitalista el Estado es burgués, lo que significa que sus instituciones van a tender a acoplarse a los intereses de esa clase social. Así, pese a las conquistas de las clases trabajadoras en el ámbito educativo y las idas y venidas de las leyes educativas, lo que nos encontramos en el Estado capitalista no es más que una educación en mayor o menor medida al servicio de la burguesía . Por eso es necesario que señalemos que solo mediante la organización y la lucha de los sectores populares conseguiremos frenar los intereses egoístas de las élites económicas, y solo construyendo una sociedad socialista podremos conseguir esa educación que queremos de manera permanente. Para construir una educación pública, gratuita e igualitaria necesitamos cambiar de sistema, no podemos confiar en gobiernos progresistas que, incluso los cambios que pretenden realizar quedan en el aire, sin posibilidad de ejercerlos en la práctica y que, en mayor o menor medida se alinean siempre con los intereses de la burguesía. Es necesario que la clase obrera, organizada como partido revolucionario, sustituya en el poder a la burguesía para renovar la educación, dotarla materialmente y ampliarla en calidad y contenido para adaptarla a las necesidades de la población y al desarrollo de la producción social.