En apoyo a la plantilla de LATBUS

Situación del transporte y los trabajadores de Latbus

Desde el pasado 15 de octubre hasta el 25 de noviembre, los trabajadores y trabajadoras de LATBUS estuvieron en huelga para restaurar el cien por cien del servicio de autobús. Desde la vuelta a la normalidad, se decidió reducir el número de autobuses, en especial los que conectan las pedanías con la ciudad, bajo la excusa de que la demanda del servicio público se había visto reducida.

Para la gran mayoría, la vida no ha parado. Hay que seguir yendo al trabajo o al centro de estudios y para muchos la única opción es el transporte público. Por ello es imprescindible mostrar el apoyo desde los distintos destacamentos firmantes a los trabajadores y trabajadoras que han decidido ponerse en pie para reclamar la vuelta de este servicio tan imprescindible.

A quien más nos afecta la actual situación del transporte público es a la clase trabajadora y a las capas más precarias de la población. Cada vez más personas nos vemos expulsadas hacia las afueras y las pedanías por no poder hacer frente al pago de alquiler en zonas más céntricas. La reducción del servicio, que ya era deficiente antes de la pandemia, nos genera numerosos problemas adicionales. 

Lo único que tienen en cuenta tanto la administración pública como la empresa es su beneficio económico. Los políticos nos han impuesto restricciones a la movilidad (más por aparentar que están haciendo algo que por preocuparse por nuestra salud) y alegan que se ha reducido el número de usuarios de autobuses. Como consecuencia, dicen que han bajado las ganancias, así que la empresa y la administración se ponen de acuerdo para recortar los horarios. Una parte de la plantilla se va al ERTE y nadie garantiza que en un futuro estos no se conviertan en EREs. Así como nadie puede garantizar que no va a haber recortes en sueldos y derechos de los y las trabajadoras. La situación es evidente: cuando hay pérdidas económicas a quien le toca pagar las consecuencias es a la clase trabajadora. Ya sea directamente viéndose afectadas las condiciones económicas de la plantilla o indirectamente por no tener acceso a un servicio de transporte público suficiente y de calidad. Nadie siquiera ha planteado la posibilidad de recortar “por arriba”, a los jefes de la empresa que hacen de intermediarios entre la administración y los usuarios cobrando un dineral por ello. Sus beneficios, a diferencias de los beneficio de la clase trabajadora, no se han visto afectados.

Es necesaria la organización sindical obrera para conseguir unas condiciones laborales dignas, la reincorporación de los trabajadores en ERTE y recuperar la totalidad de los servicios e incluso ampliarlos. La ciudadanía requiere del transporte público con más urgencia y eficacia que nunca a causa de la situación excepcional en la que vivimos, pues cuantas menos personas haya por autobús menor será la transmisión del virus y la exposición a este entre los trabajadores. Pero aún más allá de la pandemia, es fundamental ampliar el servicio de transporte público en base al interés de los trabajadores, es decir, al interés común de garantizar un transporte de calidad, que llegue a todas las personas y avance a una sociedad más accesible y sostenible en términos ambientales, ya que como sabemos el autobús es una parte esencial en la transformación a una economía más ecológica, por lo que el aumento de líneas y la calidad del trabajo en el sector es fundamental para la sociedad en su conjunto.

Debemos ser conscientes de que la única forma de lograr un cambio real y duradero, será a partir de una gran cohesión entre la clase obrera en su conjunto y la lucha que llevemos a cabo contra los grupos políticos y económicos que conforman a la clase dirigente que se aprovecha del trabajo ajeno para sostenerse en el poder, en el caso de este conflicto representada por el director general de LatBus, Andrés Burgales, el consejero de Fomento, Jose Ramón Diez Revenga y el conjunto de los miembros de gobierno de José Ballesta y Fernando López Miras.

Los servicios públicos en crisis

La CARM lleva una larga trayectoria de deterioro de los servicios públicos que se traduce en una caída del 65% en la inversión pública en el periodo 2009-2016, respaldada por la excusa de la crisis del 2008. Pese a que la administración en los actuales presupuestos haya subido un paupérrimo 2,4%, algo totalmente insuficiente tras los anteriores recortes, sigue ocultando recortes en sectores clave como la sanidad, reduciendo en casi 50 millones de euros la partida presupuestaria de forma discreta en una diferencia entre la correspondiente subida salarial de los funcionarios sanitarios y la subida del presupuesto. Este deterioro nos empuja a las y los murcianos hacia la sanidad privada para poder ejercer nuestro derecho a la sanidad, previo pago por supuesto. Pero la administración no solo destruye los servicios públicos ahogándolos económicamente; actuando de forma totalmente parasitaria, la educación concertada ha aumentado sus ingresos de dinero público un 86% (120 millones más) gracias a los conciertos de bachillerato en el periodo 2007-2020, mientras que la educación pública solo ha aumentado un 36%. Todo este proceso privatizador significa un saqueo a las arcas públicas en beneficio de las empresas privadas y una disminución cada vez mayor del acceso a derechos fundamentales como la sanidad y la educación por parte de la clase trabajadora. Además, unas condiciones de explotación mayores para los trabajadores del servicio público que, en casos como el de LAT, ven mermados sus derechos laborales cada vez que la administración pública o la empresa (Travimusa) están en apuros económicos.

La organización de la clase obrera como única solución

La política que se lleva a cabo desde las instituciones no es una política pensada desde los intereses de los trabajadores, no es una democracia que nos implique (ni que ni siquiera lo pretenda) sino, muy al contrario, es una política pensada desde los intereses de las élites, una democracia hecha a su antojo. Aspiramos a constituir una política propia de la clase obrera que marque el ritmo de la sociedad hacia una transformación completa capaz de situar los intereses y el bienestar de la mayoría trabajadora en el centro de la gestión política y económica. Organizarnos políticamente como clase trabajadora, como partido, significa no contentarnos con las reivindicaciones, por otro lado necesarias, del sindicalismo y la realidad inmediata, sino aspirar a más, a un cambio general que acabe definitivamente con los abusos que se repiten continuamente contra los trabajadores y trabajadoras de cada sector, a los despidos, bajos salarios, inestabilidad del trabajo, ineficacia de la gestión y desperdicio de recursos… en definitiva organizarnos de este modo significa encaminarnos a la conquista de la democracia obrera, siendo la mayoría trabajadora quien dirija el rumbo de la sociedad y no el puñado de empresarios y políticos miembros de las mismas familias de siempre que han heredado sus empresas y posición de poder.

Por todo ello, desde los diferentes destacamentos – IC, PCPE, P(m-l)T y La Maza- mostramos nuestro más sincero apoyo a la lucha que están llevando los compañeros y compañeras. El compromiso con la lucha de los trabajadores debe ser clave para avanzar y que los trabajadores comiencen a organizarse en torno a la lucha sindical y política. Ir a las convocatorias, hablar con los trabajadores, participar en las posibles cajas de resistencia, ayudarles con el apoyo logístico y humano… El objetivo de las organizaciones aquí firmantes es llevar a los trabajadores al poder político. Para ello son imprescindibles las diferentes victorias sindicales, imprescindibles para que la clase obrera adquiera mayor conciencia y organización. Y las organizaciones comunistas participando o apoyando los conflictos para aprender de la clase obrera y, a su vez, elevar su nivel de conciencia política.

Con o sin huelga la lucha continúa. ¡Todo nuestro apoyo a la plantilla de LAT!